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El PRI en Chiapas no incurrió en violencia política de género en los casos de Rosalinda Santiago Sánchez y Alicia Guadalupe Rabelo Contreras, ex candidatas a Síndicas propietarias para los ayuntamientos de San Cristóbal de Las Casas y Pichucalco en el proceso electoral ordinario 2017-2018, resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
El asunto resuelto por tribunal electoral local es el TEECH/JI/006/2019 y sus acumulados TEECH/JI/07/2019 y TEECH/JI/08/2019.
Con dicha resolución de los magistrados electorales en la entidad, se confirma el compromiso de Julián Nazar morales desde el momento en que asumió la presidencia del Comité Directivo Estatal de este partido, de garantizar la paridad y la equidad de género en los espacios de participación.
El órgano jurisdiccional estimó que el agravio relativo por el que el IEPC emitió una resolución carente de motivación en virtud a que no realizó un estudio de los elementos que de debieron configurarse para acreditar la existencia de violencia política de género.
Así, el tribunal asumió jurisdicción para realizar el estudio de dicho agravio, sobre todo para identificar la violencia política en contra de las mujeres, con base en el género, verificó los cinco elementos contenidos en la jurisprudencia 21/2018 de rubro violencia política de género.
Entres los elementos verificados, los magistrados determinaron que no todo que se realice y se dirija a las mujeres se basa en su identidad sexo genérica, pues se advierte que la sustitución pretendida por los enunciados no se dirigió por el hecho de ser mujer, ello en razón de que en la lista anexa de solicitud de sustitución de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional fue por una persona del mismo sexo, lo que demuestra que no existió por parte del instituto político denunciado motivos relacionados con la transgresión de la cuota legal de género.
Así, tampoco tuvo un impacto diferenciado en las mujeres porque las haya afectado desproporcionadamente, dado que la sustitución solicitada siempre fue de una mujer por mujer, lo que demuestra que en ningún momento las acciones efectuadas por los denunciados violentaron la condición sexo genérica de las mismas.

Ciudad de México.- Con la finalidad de que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al trabajo digno, a través de una bolsa de trabajo que reúne a diversas empresas incluyentes el PRI, a través de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad que dirige Norma Aceves García, firmó un convenio de colaboración con la Fundación Paralife.

“Con esta acción damos cumplimiento al Decálogo PRI Incluyente” que contempla la importancia de impulsar acciones que permitan a las personas de este sector acceder a un empleo tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, observó

“Es así como ratificamos nuestro compromiso de reconocer el derecho al empleo en igualdad de condiciones que el resto de las personas”, subrayó Aceves García.

Los interesados deberán enviar su curriculum vitae, copia de su certificado de discapacidad, copia de comprobante de domicilio y copia de su credencial del INE a asuntos.discapacidad@pri.org.mx para posteriormente ser llamados a una entrevista realizada por la Fundación Paralife y así poder identificar su perfil y postularlos a empresas que están dispuestas a fomentar la inclusión laboral.

Resaltó que el Partido Revolucionario Institucional, hace patente al sector de las personas con discapacidad su reconocimiento como sujetos de derecho, así como de la importancia de fomentar su desarrollo y preparación para que ellos mismos sean los propios promoventes de su avance y de su empoderamiento.

Aceves García hizo notar que en un contexto adverso en el que el gobierno federal promueve un enfoque médico-asistencial, que pretende resolver su rezago con becas que no resolverán por sí mismas, los retos de inclusión social y política que aún tenemos pendientes como sociedad.

Por último, subrayó el respaldo y el compromiso de la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, por hacer de esta causa un eje transversal en este instituto político.

Ciudad de México.- Al dejar totalmente acéfalo el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el gobierno federal demuestra nulo interés para atender a este sector de la sociedad, sostuvo Norma Aceves García, Secretaria de Atención a Personas con Discapacidad del CEN del PRI.

Al participar en la Audiencia “Ley General de Educación y otros ordenamientos” convocado por la Cámara de Diputados, advirtió que la probable desaparición del Instituto encargado para la Infraestructura Educativa (INIFED), representa una contradicción frente a la estrategia nacional de educación inclusiva, pues ya no habrán acciones de accesibilidad en los planteles, poniendo este derecho y exacerbando el rezago educativo de la población con discapacidad”.

Este desmantelamiento de las instituciones demuestra que a la administración que encabeza el Presidente López Obrador las personas que nos encontramos en esta condición “no somos un prioridad dentro de su agenda de gobierno”, resaltó.

Las acciones de carácter asistencial, como las que impulsa este gobierno si bien compensan la precariedad en la que viven millones de personas con discapacidad, en realidad constituyen una “trampa de pobreza”, pues no van acompañadas de políticas públicas en materia de educación inclusiva, accesibilidad, movilidad, acceso a la información, empleo, igualdad ante la Ley, salud considerando la rehabilitación y otras acciones afirmativas, precisó Norma Aceves.

Explicó que con la eliminación de las direcciones adjuntas dentro de la administración pública federal, el CONADIS quedó sin nadie al frente y puso de relieve que “de ninguna manera se pueden considerar que las becas del bienestar constituyen una política pública y eficaz de inclusión”.

La simple entrega de pensiones económicas –abundó- no tendrá mayores efectos en el desarrollo de las personas con discapacidad, que suman alrededor de siete millones en todo el país, pues no resuelve cómo accederán a la educación, el empleo, la formación de empresas o la participación en los asuntos públicos, que son elementos básicos para su empoderamiento y por ende su inclusión al desarrollo.

No podemos permitir que las malas decisiones afecten los derechos de este sector de la población; México tiene un compromiso internacional como país promotor de la Convención de las Personas con Discapacidad, el Gobierno no puede ni debe dejar a nadie atrás, subrayó Aceves García.